Consecuencias De Las Guerras Por La Independencia (ver—>)
Los Empréstitos De Chile Al Perú (ver—>)
Una Alianza Militar Como Requisito Para Un Tratado Comercial (ver—>)
Rivalidad Entre Valparaíso Y El Callao (ver—>)
La Cuestión De La Harina Norteamericana (ver—>)
Tratado De Amistad, Comercio Y Navegación De 1835 (ver—>)
Ruptura Del Tratado De 1835 (ver—>)
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CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS POR LA INDEPENDENCIA
En 1810, las ideas de independencia, en Perú y en Chile, sólo eran acariciadas por un corto número de intelectuales. En Chile, la Real Audiencia había depuesto al gobernador y, por contagio con Buenos Aires, se estableció la Primera Junta de Gobierno para reemplazarlo hasta que las Cortes de Cádiz designaran a su sucesor . Sin embargo, la opinión fue variando hacia los deseos de un gobierno autónomo pero leal al rey de España. Y siguió así hasta que el virrey del Perú envió tropas para restablecer el régimen antiguo, lo que cambió el deseo de autonomía por el de independencia y motivó la guerra que terminó en 1818 con la derrota de las tropas virreinales.
Esa independencia era imposible de mantener mientras existiera el virreinato del Perú, y a terminar con él se orientaron todos los esfuerzos del primer gobierno independiente de Chile. El ejército enviado por Chile hizo tambalear la lealtad al monarca español, se produjo la guerra civil y el Perú alcanzó su independencia al derrotar, con el auxilio de Colombia, a las tropas realistas en 1824.
El Perú había sido la colonia más rica y culta de la América española, pero los esfuerzos de los virreyes por perpetuar el domino español, lo arruinaron economicamente y el cambio de régimen desquició las instituciones de gobierno. Así, no es raro que en el pueblo peruano se desarrollara una enorme malquerencia hacia argentinos, colombianos y particularmente a los chilenos. De sus oficiosos libertadores, Chile era el único país que en 1810 dependía del virreinato, aunque sin formar parte de él; era la más pobre y más inculta e las colonias y los limeños sentían un desprecio absoluto por sus habitantes.
Pero también hay otro factor: la diferencia de carácter. Mientras en Chile se había desarrollado un respeto irrestricto al orden jurídico y a la palabra empeñada, en todas las demás secciones dominadas por España no había el menor pudor en desconocer los tratados o dictar leyes y decretos de excepción para burlar los acuerdos, hechos que en Chile se veían cercanos a una provocación.
Por último, la influencia que los expatriados chilenos ejercían sobre el gobierno peruano, con la intención de desestabilizar el gobierno de Chile, jugaron un papel no menor en las dificultades que llevaron a la guerra en 1837.
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LOS EMPRÉSTITOS DE CHILE AL PERÚ
La elite que gobernaba en el Perú en los primeros ños de su independencia, se debe haber sentido profundamente humillada al tener que solicitar dinero prestado al gobierno de Chile para sostenerse.
El ministro chileno en Inglaterra, excediendo sus instrucciones, había gestionado un empréstito que el gobierno no necesitaba. A principios de 1823, el gobierno peruano encabezado por Riva Agüero, solicitó que se le cediera la suma de $1.000.000, y el Senado, por acuerdo de 21 de abril de 1823, autorizó el préstamo en las mismas condiciones en que Chile adeudaba el dinero a los acreedores ingleses. Accediendo a una nueva solicitud del enviado peruano, el préstamo se aumentó en $500.000 por acuerdo de 25 de junio, enterándose, un total de 304.056 libras nominales.
El 4 de noviembre de I823 el nuevo representante del Perú, Juan Salazar, solicitó que se le prestaran $2.000.000 adicionales; el Senado denegó el nuevo auxilio porque, como consecuencia de los trastornos políticos del Perú, hacia esta fecha ya se habían producido dificultades para el reconocimiento legal de los primeros préstamos, y todo hacía creer que este país no haría el servicio de los dividendos, como realmente ocurrió. El incumplimiento del Perú fue causa de que Chile a su vez incumpliera sus obligación con sus acreedores ingleses.
El Perú se había comprometido a devolver este préstamo con el producto del empréstito que García del Río y Paroissien gestionaban en Londres. cosa que tampoco cumplió y sólo lo reconoció y arregló por el tratado de l2 de septiembre de l848
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UNA ALIANZA MILITAR COMO REQUISITO PARA UN TRATADO COMERCIAL
Las primeras exigencias chilenas de reconocimiento de la parte del empréstito inglés cedido al Perú durante la presidencia de Riva Aguero, causaron entre los políticos peruanos un profundo desagrado y el congreso decidió enviar un ministro plenipotenciario a Lima. Se nombró a don Pedro Trujillo y se le dieron las siguientes instrucciones:
1 ° liquidar las cuentas y recabar el pago de las sumas prestadas por el gobierno de Chile al Perú; a saber, el millón prestado en 26 de abril de 1823; idem medio millón más prestados en los mismos términos, pero del cual no se ha celebrado tratado.
2 ° Reconocimiento de los gastos emprendidos en la expedición libertadora del Perú, y satisfacción de los sueldos devengados por las tropas de Chile en aquella república, retención de montepío, inválidos, pérdida del navío San Martín, etcétera;
3° Conseguir una explicación por parte del gobierno del Perú, acerca de los últimos acontecimientos ocurridos en Chiloé (una revuelta impulsada desde Lima por chilenos desterrados), y esclarecer cuáles son sus máximas en favorecer las miras de los hombres que procuran introducir la guerra civil en un Estado amigo;
4° Celebrar tratados de amistad y de comercio entre ambas repúblicas, bajo bases que puedan ser más favorables a los artículos de exportación e importación, sometiéndolos antes a la sanción y ratificación del gobierno.
Debía también recoger una batería de seis cañones de bronce de a 24, que se le había prestado al Perú para el sitio del Callao.
Trujillo se embarcó en Valparaíso en abril de 1827 y llegó a Lima en los precisos momentos en que el Perú llamaba al mando al mariscal La Mar.
Respecto de los cañones se le contestó que se ignoraba su paradero y que el gobierno chileno podía agregar su valor a la deuda de $ 1.500.000.
En cuanto al proyecto de tratado comercial, el gobierno peruano “aplaudía esta invitación fraternal”, pero hasta octubre de 1827 (seis meses) no logró avanzar un paso, y el ministro Mariátegui, mal dispuesto contra la gestión, aprovechó todas las oportunidades, para inferirle desaires.
En octubre de 1827 Mariategui informó a Trujillo de que el gobierno peruano había designado representante a Luna Pizarro para que se entendiera con él. Este canónigo, enemigo acérrimo del tratado comercial, le comunicó que el gobierno peruano estaba llano a firmar una alianza, y una vez pactada se podría llegar a un acuerdo comercial. El Perú exigía dos buques de guerra y dos batallones para la guerra con Colombia.
El ministro peruano, que al decir de Joaquín Campino, estaba ganado por los comerciantes norteamericanos que exportaban harina al Perú con arancel preferencial, en desmedro del trigo chileno, se negó rotundamente a considerar las modificaciones en el arancel aduanero solicitadas por Trujillo, alegando que toda rebaja en los derechos de importación era una donación a Chile.
El gobierno chileno llamó a Trujillo, y el 12 de febrero de 1829, se retiraba del Perú.
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RIVALIDAD ENTRE VALPARAÍSO Y EL CALLAO
Para el comercio con Europa y la costa oriental de los EE UU, Chile tenía la ventaja de poseer Valparaíso, el primer puerto importante al que llegaban las naves que entonces doblaban el cabo de Hornos y, con acierto, creo almacenes de depósito libres de derechos. El gobierno del Perú decretó también que el Callao fuera puerto de depósito libre de todo gasto o derecho por cuatro meses y con un gravamen pequeño durante dos años. Pero el orden y la seguridad de que ahora gozaba Chile, sumándose a las franquicias que concedía el decreto de 1° de diciembre de 1830, indujeron a los extranjeros a depositar en este puerto las mercaderías, para distribuirlas a lo largo de la costa del Pacífico, a medida de las necesidades, sin exponerlas a los saqueos, incendios y deterioros que eran la consecuencia de los motines y revueltas que se sucedían en el Callao.
Queriendo concluir con la preponderancia comercial de Valparaíso, el reglamento de comercio de 1833 impuso un recargo de 8% a las mercaderías que no vinieran directamente de su país de origen; o sea, a las reembarcadas en Valparaíso desde los almacenes de depósito.
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LA CUESTIÓN DE LA HARINA NORTEAMERICANA
El Perú exportaba a Chile principalmente azúcar y recibía de Chile principalmente trigo, que competía con la harina norteamericana, La harina norteamericana jugaba un papel en la política peruana porque, según el general La Fuente, la señora Gamarra y el prefecto Eléspuru tenían participación en una negociación de harinas manejada a nombre del comerciante alemán Pfeiffer (Basadre). Hasta 1828, las harinas norteamericanas ingresaban gravadas con un 80% En comparación, el trigo puesto en Valparaíso tenía un valor que fluctuaba entre 1,5 y 2 pesos la fanega, y pagaba un derecho de 3 pesos por fanega, equivalente a un 150 a 200%.
El Congreso de 1828 había prohibido la importación de harina norteamericana, pero en junio de 1829 La Fuente, Jefe Supremo, había suspendido la prohibición porque comerciantes que la habían traído al Callao propusieron pagar al contado si se les permitía introducirla.
En 1831, cuando Bolivia capturó pruebas de que el Perú preparaba la invasión a su territorio, solicitó la mediación de Chile, y el gobierno designó a don Miguel José De Zañartu Santa María. Apenas firmados los tratados entre Perú y Bolivia, Zañartu, reanudó las gestiones encaminadas a obtener una rebaja en el derecho de $3 que gravaba la internación del trigo chileno. Creyó obtener que se rebajara a $2 y que se gravara con un impuesto proporcional la internación de harina norteamericana, que había quedado libre de derechos. Pero el acuerdo se estrelló contra la oposición del ministro de Hacienda, José María Pando.
Pronto se convenció Zañartu de que sus gestiones no arribarían a ningún resultado y asumió una actitud agresiva. El gobierno chileno le había encargado liquidar y percibir el valor del préstamo que había hecho al Perú y los gastos causados por las expediciones libertadoras, El primero ascendía con sus intereses acumulados a $1.734.380, y los gastos de las expediciones libertadoras, $11.095.000 pesos. Zañartu exigió el reconocimiento de esta deuda, pero Pando, estimulado por los emigrados chilenos que deseaban colocar al gobierno de Prieto en situación insostenible, cerrando el mercado del Perú para los productos chilenos, tomó la ofensiva. Abrió las hostilidades con un decreto dictado el 19 de junio de 1832, por el cual se disponía que los trigos que desembarcasen en el Callao fueran medidos y despachados inmediatamente. Todas las existencias que hubiera en los almacenes francos debían ser internadas en término de ocho días pagando los derechos correspondientes. Entre tanto, no había más medio de transporte que unos 400 asnos, que no podían efectuar el acarreo ni en un plazo cuádruple del fijado. Para peor, de un momento a otro debían llegar dos nuevos cargamentos de trigo. Zañartu pasó una nota representando la imposibilidad de cumplir las disposiciones del decreto, la que quedó sin respuesta.
La provocación cayó en Santiago como una bomba. Zañartu puso el hecho en conocimiento del gobierno el 16 de julio y aconsejó las represalias, subiendo los derechos que gravaban el azúcar peruano. El gobierno mandó al congreso un mensaje por el cual se elevaba de cuatro reales (equivalentes a medio peso) a tres pesos por arroba los derechos que gravaban el azúcar. El proyecto fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras, el 16 de agosto de l832.
En represalia, el Perú, bajo la presión de Pando, la Cámara de diputados aprobó por 82 votos contra 23 un acuerdo que decía:
« l° Pasados cuarenta días de la publicación de esta ley, se cobrará seis pesos a la fanega de trigo o de harina de Chile;
2° El Ejecutivo queda autorizado para alterar este arancel y entrar en tratados con aquella república»
Se dictaron reglamentos calculados para impedir el comercio a los numerosos chilenos que lo hacían en los puertos y ciudades peruanos. Se les exigió el pago de los derechos en un plazo más corto que el concedido a los demás importadores de productos extranjeros, con la exigencia adicional que el derecho aduanero debía ser pagado íntegramente en dinero y no una parte en papeles, como era lo habitual.
El gobierno peruano, al adoptar estas medidas, había -creído contar con el trigo y las harinas norteamericanos, que había liberado de derechos, renunciando en favor de los Estados Unidos la totalidad de las entradas por este concepto. Mas, no era fácil improvisar en pocos meses una nueva corriente comercial. Para no dejar al pueblo sin pan, se limitó a seguir cobrando los derechos de $3 por fanega, dejando dormir en el Senado la aprobación del proyecto de aumento de los derechos del trigo a $6.
La situación de los azucareros se tornó difícil, pues el azúcar peruano no tenia otro mercado que Chile. En Chile, el azúcar alcanzó precios prohibitivos, y el trigo se siguió expendiendo a precios irrisoriamente bajos.
Y como Pando había conducido las negociaciones a un punto en que nada podía hacerse decorosamente, se impartió orden a Zañartu de regresar a Chile, y en cumplimiento de ella presentaba su carta de retiro el 31 de agosto de 1833.
Es del caso mencionar que Portales se había opuesto a estas represalias, previendo que conducirían a una escalada que fatalmente conduciría a una guerra.
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TRATADO DE AMISTAD , COMERCIO Y NAVEGACIÓN DE 1835
Parecía que con el fracaso de las gestiones de Zañartu y el predominio de los comerciantes norteamericanos que importaban harinas desde los Estados Unidos, se había alejado definitivamente toda posibilidad de avenimiento comercial entre Chile y el Perú. Pero los grandes productores de azúcar renovaban las gestiones de avenimiento cada vez que se presentaba alguna oportunidad favorable.
Una de estas oportunidades pasajeras se presentó en 1834. Después de recobrar Orbegoso el gobierno, el ministro José María Pando había sido expulsado del Perú. Los azucareros aprovecharon la oportunidad para obtener que se enviara a Chile como plenipotenciario encargado de celebrar un tratado de comercio a Santiago Távara. El enviado peruano presentó sus credenciales el 25 de septiembre de 1834. El gobierno confió su representación al ministro de Hacienda Manuel Rengifo. El 20 de enero de 1835 se firmaba en Santiago un tratado de amistad, comercio y navegación entre las repúblicas de Chile y el Perú.
El gobierno chileno convocó extraordinariamente al congreso, que sancionó el tratado en los primeros días de febrero de 1835, y despachó el “Aquiles” con la ratificación del pacto y las credenciales de encargado de negocios al cónsul Lavalle, para los efectos del canje de las ratificaciones.
Cuando el plenipotenciario Távara se despidió del gobierno chileno el 23 de marzo. Ya no existía el gobierno de Orbegoso y Salaverry se había hecho reconocer como presidente por casi todos los departamentos peruanos. Lavalle tenia instrucciones de no proceder al canje de las ratificaciones con Salaverry, sino en el caso de que la mayor parte de los departamentos le obedecieran. La condición estaba cumplida en exceso, y aunque Lavalle personalmente no simpatizaba con el nuevo mandatario, dio curso al tratado. Las ratificaciones se canjearon el 23 de junio de 1835.
Orbegoso, a la sazón reducido a la ciudad de Arequipa, estimó el el canje de ratificaciones del tratado como acto contrario “a la amistad, buena inteligencia y armonía” que reinaba entre los dos países, y el 11 de octubre de 1835 dirigió una nota a la cancillería chilena protestando del paso que había dado, “tal vez movida por informes artificiosos y falsos”. Y no contento con esto, días más tarde envió credenciales de ministro plenipotenciario en Santiago al ex presidente del Perú, mariscal José de la Riva Agüero, quien residía a la sazón en Chile.
Con fecha 1° de diciembre de 1835, Portales, que había vuelto a empuñar las riendas del gobierno, contestó la nota de Orbegoso en estos términos:
«No es fácil a los gobiernos extranjeros caracterizar con exactitud los accidentes de una revolución, y haciéndolo se expondrían frecuentemente a graves y funestos errores. Es cierto que en los últimos sucesos del Perú hemos visto aparecer un poder nuevo, pero también lo hemos visto en pocas semanas avasallar la obediencia en casi todos los departamentos, sin que en esta rápida mutación tuviese parte o pudiese a lo menos columbrarse de lejos la acción de una fuerza capaz de comprimir la voluntad de los pueblos. Estábamos, pues, autorizados para mirar el orden de cosas a que dio principio el general Salaverry, como una de las varias fases que ha tomado la revolución del Perú, y no nos hallábamos en el caso de escudriñar su origen y examinar sus títulos, de lo que ni este ni los otros gobiernos americanos habían dado ejemplo en ocasiones semejantes. Nos atenemos a la superficie de los hechos; no era nuestro deber, ni el interés del Estado chileno pasar más allá. Ambos partidos se acusan mutuamente de usurpación e injusticia. Al pueblo peruano es a quien corresponde dirimir esta lítís, y sea cual fuere su fallo, lo respetaremos. Entre tanto, nada nos obliga a suspender con ninguna de las dos fracciones de la República peruana las comunicaciones antiguas. Agregue V. S. a estas razones el colorido que la posesión de la capital debía dar a la autoridad erigida por el general Salaverry y a la necesidad de mantener en ella un agente que protegiese las personas e intereses chilenos que existen en el departamento de Lima, y me lisonjeo que echará de ver que la conducta que ha parecido al excelentísimo señor presidente tan extraña, no es otra en sustancia que la observada por los demás Estados que tenían agentes consulares y diplomáticos en aquella ciudad y los han conservado para tratar con el nuevo gobierno bajo las mismas formas exteriores que con los gobiernos precedentes.»
La protesta de Orbegoso se complicó con la presencia en Santiago de dos agentes diplomáticos, que pretendían ser reconocidos con exclusión del otro. Orbegoso acreditó en este carácter a Riva Agüero. Salaverry había enviado a Felipe Pardo. Portales habría deseado no reconocer a ninguno de los dos, pero se encontró ante una situación de hecho creada por la ratificación del tratado de comercio, que implicaba el reconocimiento de Pardo, y en consecuencia optó por reconocer a ambos agentes, diputándola más conforme con la neutralidad, sin calmar con ella las quisquillosidades de los bandos en lucha.
Riva Agüero observó una conducta moderada mientras el triunfo estuvo indeciso, pero apenas conoció el desastre de Socabaya, asumió una actitud impertinente y agresiva, insólita en las relaciones diplomáticas de los pueblos, al mismo tiempo que los emigrados chilenos procuraban avivar el resentimiento de Orbegoso con el gobierno chileno.
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Orbegoso no tenía ni en el gobierno interior ni en las relaciones con los demás pueblos otro criterio que el del Protector, y éste necesitaba derribar al gobierno chileno, que constituía un peligro para su proyecto.
El 8 de enero de 1836 entraba Orbegoso en Lima, y seis días más tarde, evacuando una consulta del administrador principal de las aduanas sobre si debían considerarse vigentes los tratados comerciales entre el Perú y Chile, declaró nula la ratificación de Salaverry y, a fin de no perjudicar a los comerciantes, concedió un plazo de cuatro meses para el retorno al régimen aduanero que existía antes del tratado de 1835. Cuando el ministro Riva Agüero puso en conocimiento del gobierno chileno este decreto, ya Portales, informado extraoficialmente de las intenciones de Orbegoso, había hecho dictar un decreto exigiendo garantías a las naves que partieran con rumbo al Perú, a fin de asegurar el pago de los derechos que regían antes del tratado, si este país, como se le anunciaba, los exigía.
Para calmar a la opinión, “El Araucano”, que era periódico semioficial del gobierno de Chile hacia esa fecha, publicó un comentario firme en el fondo, pero tranquilo en la forma, que concluía con estas palabras:
«Es claro, pues, que se deseaba de todos modos poner fin al tratado. Creemos que por parte de Chile no habrá dificultad en suscribir a esta medida y que lejos de reclamar contra ella, debemos más bien felicitarnos de ver disueltas unas obligaciones que, según todas las apariencias, iban a pesar exclusivamente sobre el pueblo chileno.»
Alusión esta última a los subterfugios a que el gobierno y las aduanas del Perú solían recurrir para burlar el tratado en la parte que afectaba al interés del fisco.
Al término de la prórroga, Orbegoso, cediendo a la presión de los azucareros, los comerciantes y del consulado, quiso renovarla y dejar que la futura confederación decidiese si ratificaba o no el tratado, pero Santa Cruz hizo que Miranda, un español que había colocado cerca de Orbegoso para vigilarlo y dirigirlo, se opusiese a la prórroga. Y no diputando suficiente la presencia de Miranda, acreditó como representante en Lima al general Ramón Herrera, chileno, hombre de toda su confianza, y mandó como ministro de Hacienda de Orbegoso al colombiano Juan García del Rio, que en 1818 había sido oficial mayor del ministerio de Relaciones en Chile, ministro de Estado de San Martín y de Bolivar, y en 1833, ministro de Hacienda del Ecuador.
Para justificar el repudio del tratado en la opinión pública peruana, que le era favorable, García del Río redactó un largo informe. Este trabajo descansa en dos hechos reales. El tratado no contenía ninguna ventaja en favor de Chile; todas eran recíprocas, pero en la práctica las ventajas estaban de lado de Chile, que ya tenía marina mercante y que había logrado hacer de Valparaíso el emporio del Pacífico. El tratado, ataba las manos del Perú para contrarrestar estas ventajas con medidas legislativas.
De acuerdo con el dictamen de Garcia del Río, el 15 de mayo de 1836, Orbegoso declaró insubsistente el tratado de 20 de enero de 1835, y restableció el régimen aduanero que existía antes de esa fecha, con declaración de que los derechos de internación del trigo serían de $2 por fanega y los de la harina, de de tres y dos tercios de reales por saco. En caso de que el gobierno chileno cobrase al azúcar importada del Perú un derecho superior a los dos tercios del fijado para el azúcar de otras procedencias, los derechos sobre el trigo y la harina de procedencia chilena se doblarían. Para la inteligencia de esta última parte del decreto, es necesario recordar que Santa Cruz disponía de 11.000 bayonetas listas para imponer sus designios, lo mismo en el terreno político que en el económico. El gobierno chileno se limitó a hacer que “El Araucano” comentase en tono mesurado “la insólita resolución de imponer a un país soberano, sin acuerdo previo, derechos diferenciales en favor de un país extraño”.
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Fuente:
Francisco A. Encina: “Historia de Chile”
Jorge Basadre: “La Iniciación de la República”
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@Patricio González Granifo.
Lo que por sabido se calla, por callado se olvida.
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Apuntes de Historia de Chile 